A sólo dos años de la Restauración, en 1867, ya se producían en el país tratos secretos para arrendar o vender la bahía de Samaná a los Estados Unidos. Esto le costó la presidencia al General José María Cabral, pero su sucesor, Buenaventura Báez, a cambio de poder amasar fortuna y poder personales, también dedicaría toda su astucia a intentar enajenar y anexionar el país a la nación norteamericana.
El 29 de noviembre de 1869 se firmó un tratado de anexión que no llegó a ser ratificado por el Senado de los Estados Unidos, quedando, por lo tanto, sin efecto, gracias a la oposición de los dominicanos exiliados y, en particular, a la de varios senadores norteamericanos (entre ellos Charles Sumner).
No dejándose amilanar por este fracaso, Báez acordó entonces el arrendamiento de la bahía de Samaná a una compañía norteamericana, nombrada para el efecto como Samaná Bay Company y cuya principal cabeza era el inversionista aventurero Joseph Fabens.
La compañía tendría durante 99 años todos los privilegios que se habían concedido en un principio al Gobierno norteamericano: potestad para nombrar a las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales en el territorio de Samaná, así como la propiedad, por cada milla de ferrocarril o canal que construyera, de una milla cuadrada de los terrenos del Estado aledaños a esas vías.
Firmado el 28 de diciembre de 1872 y ratificado el 19 de febrero del año siguiente por el Senado de la República, el mismo fue rescindido poco tiempo después (en 1874) por el gobierno dominicano, bajo la presidencia de Ignacio María González (quien había derrocado a Báez), que aprovechó el retraso de la compañía en el pago al país de la cuota anual correspondiente.
Posteriormente, en la década de 1890, el gobierno de Ulises Heureaux, Lilís , propondría a los Estados Unidos el arrendamiento de la bahía y península de Samaná a cambio de ayuda económica y protección militar para la defensa de cualquier amenaza externa.
Fuente: Fundación global
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